Em jornais de Caracas o que não falta é crítica ao contraditório governo de Maduro
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Lacerdinhas garantem que não há liberdade de expressão na Venezuela, quando correto é dizer que há problemas de liberdade de imprensa e expressão no governo de Maduro. Lacerdinhas navegam mal na internet. Jamais descobrem certos sites. Por exemplo, os dos jornais de Caracas. A imprensa (escrita) da Venezuela não poupa Maduro. Faz pensar na Veja contra Lula e Dilma. É pau todo dia. Como pode ser se não há liberdade de imprensa.
Será que lacerdinhas são capazes de ler em espanhol? Vale tentar.
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El Nacional, CARACAS, miércoles 19 de febrero, 2014
Beatriz de Majo
El “grito democrático”
Fue Álvaro Uribe, el ex presidente de los colombianos, quien ya acuñó un nombre para los gestos de disidencia masiva en desarrollo y generalizada en la geografía de nuestro país. El “grito democrático” es esta inquietud civil que se expresa en protestas pacíficas indetenibles que han sido la secuela de la primera marcha monumental de estudiantes del Día de la Juventud de este año 2014.
Los jóvenes fueron seguidos solidariamente en su convocatoria por ciudadanos cansados, alienados y dispuestos a no seguir tolerando la flagrante pérdida de su calidad de vida y dispuestos a seguir disintiendo hasta conseguir un cambio.
La respuesta del gobierno ha sido bipolar. Por un lado han fabricado una historia falaz de los acontecimientos que causaron la muerte de tres ciudadanos para inculpar, desactivar y descabezar a líderes opositores. Desde una incesante cadena nacional, el mandatario acompañado de los grandes jerarcas revolucionarios se han subido a las tarimas públicas y se han exhibido en interminables reuniones del alto gobierno –en donde lo que abundan son los uniformes– para lavar sus manos de la violencia que ha cobrado vidas, que ha herido compatriotas, que ha encarcelado ciudadanos en franca violación de sus derechos.
En el otro extremo de la bipolaridad, Nicolás Maduro vocifera insistentemente su disposición a dialogar con los que protestan e insiste en su política inclusiva para propios y para ajenos, mientras, de boca en cuello, califica a las enormes masas de descontentos de “oligarquía parasitaria” y de “apátridas vendidos al yugo imperial”. Al mismo tiempo que ofrece diálogo y concordia al país, utiliza el lenguaje más destructivo, excluyente, descalificador e incitador a la violencia de cara a todo el que se permita cuestionar el modelo y las ejecutorias revolucionarias. Llama a expresarse a la población de manera abierta y franca mientras les obstaculiza las comunicaciones digitales y el acceso a las redes cibernéticas. Se autoproclama el gobierno más democrático del continente mientras impide la circulación de medios impresos, embozala a los radioeléctricos y cercena la posibilidad de contar con otra realidad que no sea la perifoneada desde el gobierno.
El “grito democrático” es la manera de expresarse de una población hastiada por el maltrato de sus gobernantes y está marcando nuestra historia con un “antes” y un “después”. Al 50% de los venezolanos que no votó por esta parodia revolucionaria se están sumando en las calles, en las casas, en el interior del país, miles de compatriotas animados por el deseo de construir un país vivible.
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Talcual, CARACAS, miércoles 19 de febrero, 2014
No pueden con la crisis
Gobierno no define una estrategia clara y anda a la deriva sin saber qué hacer con el tipo de cambio. La incapacidad del Gabinete paraliza la economía. La Ley de Precios Justos, con toda seguridad, va a agravar la escasez de bienes como se empieza a observar
JOSÉ GUERRA
La crisis que sufre Venezuela es global. En todos los ámbitos. La crisis económica es obvia y la política está a la vista. Su tratamiento ha sido absolutamente errado por parte del Gobierno, que considera que acentuando los controles de precios y de cambio puede conjurar la elevada inflación y la escasez generalizada. No es un cambio cosmético el que el país requiere para encarar la crisis.
Todavía más, las medidas que se han adoptado tales como la aplicación de la Ley de Precios Justos, con toda seguridad van a agravar la escasez de bienes como ya se ha empezado a observar.
Esa ley draconiana y medieval está provocando una destrucción de capacidades en los sectores comerciales e industriales y ha llevado a que productores y vendedores no estén dispuestos a producir o a comercializar bienes con una especie de guillotina sobre sus cuellos.
Por eso cierran sus negocios o bajan el ritmo de su actividad, con lo cual se está causando una contracción económica que se empieza a percibir en un aumento del desempleo.
En materia cambiaria, el Gobierno no termina de estructurar una estrategia clara y, contrariamente, anda a la deriva sin especificar qué hacer con el tipo de cambio. Ello se ha traducido en un enredo monumental en la cabeza del ministro Rafael Ramírez, quien simplemente no sabe ni encuentra qué hacer con el manejo de la tasa de cambio.
Se anuncia un SICAD II, lo que implica que van a existir cuatro tipos de cambio para el dólar: la tasa oficial de Bs/US$ 6,30, la tasa de SICAD I, la tasa de SICAD II y la tasa de cambio paralela. Semejante pasticho de tasas de cambios va a acentuar las distorsiones en la economía y a profundizar la corrupción.
El mejor negocio en Venezuela no va a ser producir, sino tratar de agarrar esos dólares baratos a las tasas de cambio oficial y luego voltearse al mercado paralelo para hacer ganancias en forma relampagueante.
Conviene recordar que fue el ministro Giordani quien en mayo de 2010 liquidó el mercado alternativo para el dólar y con ello le dio fuerza al mercado negro. Ahora no encuentra el Gobierno cómo abrir espacios a las transacciones con divisas a tasas distintas de las oficiales.
LA TRABA IDEOLÓGICA
Se trata de un Gobierno que lucha por sobrevivir. Asfixiado en sus contradicciones internas y lo que es peor, en una visión ideológica que no lo deja moverse con flexibilidad para adoptar medidas que pongan en movimiento la economía.
Así, por ejemplo, con el literal desconocimiento de la deuda externa comercial, el Gobierno cerró el crédito internacional y ahora las importaciones que están llegando, en buena medida hay que pagarlas de contado, porque a un Gobierno maula nadie le da crédito.
Ninguno de quienes hoy dirigen la economía está en condiciones de conformar un plan económico creíble que es lo que el país reclama.
Esa parálisis se va a expresar en mayor descontento en las calles por parte de trabajadores que están viendo que sus salarios se disuelven como resultado de la inflación, además de padecer un desabastecimiento crónico de alimentos.
Similarmente, quienes quedaron desempleados igualmente tendrán motivos para estar descontentos porque las plazas de trabajo se han cerrado debido a la política económica que ha seguido el Gobierno.
Con un Gobierno imposibilitado para dar respuesta a la situación económica es lógico que la crisis tenga una expresión política que ahora tiene manifestación en el sector estudiantil pero con seguridad se extenderá al de los trabajadores organizados.
El Gobierno trató de recomponer su base de apoyo y a la vez ganar tiempo con un llamado al diálogo que duró muy poco. Fue así porque Maduro es un presidente débil sin liderazgo real sino más bien arrendado, y por tanto sucumbe con facilidad ante las presiones de factores dentro del PSUV que tienen su propio plan y están desgastándolo para luego asaltar el poder.
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EL UNIVERSAL
domingo 16 de febrero de 2014 12:00 AM
Tres puntos trancan el juego en este llamado al diálogo por la inseguridad promovido desde el Gobierno. Cómo enfrentar a las bandas armadas que operan desde las barriadas y el control de los motorizados. Pero un tercer punto ni siquiera ha entrado en la agenda, el de los colectivos armados del Gobierno, que esta semana han generado tres asesinatos y 37 heridos de bala, al atacar manifestaciones estudiantiles, a la vista de propias fuerzas oficiales.
Mientras se debate en cómo abordar la crisis de inseguridad, los números de enero indican que la violencia sigue en ascenso y la Misión Paz y Vida parece quedar solo para la promoción. Al mismo tiempo la violencia política se suma con mayor fuerza a la situación de inseguridad que, justamente, ha motivado las movilizaciones masivas ocurridas a nivel nacional.
Había que llegar a 24.700 muertes violentas en 2013 para que por primera vez en 15 años de gobierno revolucionario, las autoridades se hayan sentado con los diversos entes para hacer planes, escuchar a todas las partes, abrir los canales a la coordinación e intentar apartar la política en esa materia.
Es posible que los recientes acontecimientos en los que colectivos y fuerzas policiales han reprimido y disparado armas letales contra manifestantes y la persecución política derivada de ellas con 125 estudiantes detenidos y ningún pistolero hasta ahora, pueda trancar algunos de los posibles acuerdos en materia de inseguridad. Desde ambos bandos, algunos funcionarios intentan mirar a distancia el conflicto político y se esfuerzan por mantener las coordinaciones logradas en este corto tiempo.
De lado y lado se ha visto con desconfianza que gobernadores y alcaldes de la oposición se sienten con el Gobierno, pero ese solo hecho abrió una rendija a un conflicto armado que ha colocado a Venezuela como uno de los países con mayor violencia en el mundo, sostiene Manuel Targin, experto en seguridad y director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, quien lleva lidiando con el tema de la seguridad ciudadana desde hace 22 años.
Como participante en tan novedoso diálogo, Targin, aprecia que hay una apertura comunicacional como nunca antes había ocurrido. Reconoce que han encontrado respeto entre los colegas especializados en seguridad.
Hasta el momento quienes participan desde el Gobierno, han optado por mantener abiertas las compuertas a la coordinación, despojándose por el momento de las gorras que los colocan en bandos enemigos.
Por ejemplo, comenta el comisionado de Baruta, el comandante del Comando Estratégico Operacional de la zona que corresponde a Baruta y el Hatillo, que está en la Base Francisco de Miranda, "en mi vida me hubiese enterado o sabido, de que eso existía. El general vino al comando en Baruta y nos sentamos a conversar, se puso a la orden, intercambiamos teléfonos, para cualquier coordinación con la Base Aérea, igualmente ocurre con la comandancia del CORE 5 con lo cuales estamos trabajando a diario, la comunicación es fluida y permanente de apoyo y respeto.
A su juicio "les quitaron a ellos, mas que a nosotros, aquella restricción de mezclarse con nosotros. Algo así como que: "ahora si pueden mezclarse que no vas a ser sancionados. Yo tengo 22 años en estas actividades y tengo muchos amigos y conocidos que trabajan de aquel lado. Hace tres meses cuando uno los llamaba te decían: bueno vente pero no vengas uniformado o nos vemos en otro sitio, yo te doy la información que requieres pero nos vemos en otro lado porque puedo perder el ascenso o me acusan de que soy un infiltrado. Pero ahora el ministro parece haber dado la orden de una total apertura".
Las bandas armadas
Cuando en agosto de 2013 fueron aprobados 200 millones de bolívares para apoyar las actividades del la llamada Misión de Paz y Vida, el designado, secretario ejecutivo de esa misión, José Vicente Rangel Ávalos, aseguró haber hecho contacto con 280 bandas que agrupaban a unos 10 mil muchachos, que según dijo, querían cambiar de vida. En el balance presentado por Rangel seis meses después, indicó que 26 jóvenes fueron llevados a Cuba para ser rehabilitados.
Rangel seguía una política dictada por el Gobierno de abrir un diálogo con las bandas armadas a fin de crear "zonas de paz".
Maduro propuso un armisticio a las bandas armadas, en agosto de 2013 durante la inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES). "Yo les vuelvo a tender la mano para que vengan para acá a incorporarse al estudio, al trabajo, al deporte. Yo les tiendo la mano y les planteo un armisticio, un pacto de paz a partir de la Ley Desarme y a partir del Movimiento por la Paz y la Vida para que vayamos liberando territorio".
En noviembre del mis o año, Maduro insistió en el tema: "Tiene que acabarse la violencia, comunidad entregada comunidad en paz y en la comunidad debe contribuir a eso desde adentro, el que tenga un arma que la entregue y se deje de eso, acepten la ayuda que les estamos dando para que estudien y trabajen. Ya basta, no pueden haber bandas armadas en la Gran Misión Vivienda, en los nuevos urbanismos, tenemos que ser constructores de la paz".
El 9 de enero, luego del conmovedor asesinato de Mónica Spear y su esposo, Maduro, insistió en hacer un llamado a quienes pertenecen a las bandas armadas, a dejar la vida criminal y a unirse a la pacificación del país.
Los Orejones responden
La muerte en Ocumare del Tuy de tres miembros de la banda Los Orejones, en un presunto enfrentamiento con miembros del CICPC a finales de enero, desató una arremetida de esta banda en contra de la policía del municipio, el CICPC y la PNB, que duró varios días.
Sobre este episodio que mantuvo a la población sitiada por 4 días, Maduro expresó: "Por ahí salió una banda a retar al Estado venezolano. Les recomiendo que no lo hagan. Yo les estoy haciendo un llamado a entregar las armas y a la paz; cuidadito, llamo al pueblo, no aceptemos que una banda armada criminal esté retando al Estado y a la sociedad, no lo acepto".
Como fue informado, "Fernandito" uno de los líderes abatidos, pertenecía a la Misión Vida y Paz, en el Municipio Lander donde Los Orejones y otras bandas, estaban incorporada al plan de pacificación del Gobierno:
"Desde Caracas giraron instrucciones precisas: en las zonas de paz no hay procedimientos hasta nuevo aviso. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger los cadáveres y abrir administrativamente las averiguaciones, sin investigar", expresó un funcionario del CICPC, quien pidió no ser identificado por temor de ser sancionado", escribía la reportera Thábata Molina de El Universal.
"El día de la toma esos hombres pasaron en motos, con sus fusiles en mano y gritaban "cierren esa mierda". De inmediato todo el mundo cerró los locales, pero no entendíamos qué pasaba. Se metieron a los colegios y obligaron a los profesores a mandar a los niños a sus casas y les decían "si no lo hacen, aténganse a las consecuencias", contó Manuel Villegas, comerciante del centro del municipio Tomás Lander a la reportera de El Universal.
Para Manuel Targin esa política de negociación ha fracasado. A su juicio contra ellas es necesario hacer un esquema de búsqueda de las mismas mediante una política de alto nivel gubernamental en el que se utilicen fuerzas especiales ya que ni las policías municipales ni estadales tienen capacidad para enfrentar bandas de este tipo. En las reuniones se sugirió que el CICPC y sus grupos especiales, los comandos de la GNB, y del SEBIN mas la PNB que tiene un grupo de intervención especializado para ese tipo de actuaciones integren comandos de búsqueda para enfrentarlas. Cabe destacar que esas bandas en su mayoría están identificadas. Lo que hay que hacer es entrar en la fase de búsqueda.
El armamento
Partiendo del concepto de "no reprimir" a partir del desmantelamiento de la Policía Metropolitana, el Gobierno eliminó las armas largas y subametralladoras a todas las policías estadales y municipales.
Explica Manuel Targin que en todas las zonas populares del país existen estas bandas armadas. El CICPC y el SEBIN han ido identificándolas. Están trabajando en conjunto con la GNB y la PNB. Esa es la forma de contrarrestar estas situaciones como las que se vieron en Ocupare del Tuy. Estas bandas poseen armamentos de alto calibre, no hay precisión en su origen, pero hay un mercado negro. Y esa es una desventaja que tienen las policías municipales y estadales.
Por ejemplo, explica el experto, la Policía Municipal de Sucre tenía armas largas y subametralladoras lo cual era una necesidad porque la zona tiene gran cantidad de barriadas donde operan bandas y desde luego se enfrentan en condiciones de inferioridad. Estas policías solo tienen escopetas y armas cortas. Parte de las propuestas que se están haciendo es que se evalúe esta situación. Es necesario unas armas que tengan mayor poder de contención frente a estas bandas. No es lo mismo enfrentarse con solo dos pistolas a una banda armada con fusiles.
Durante el diálogo se informó que policías de Miranda y municipios Hatillo, Sucre y Baruta, tenían un año sin recibir municiones de Cavim.
Sostiene Targin que la mayoría de los homicidios en la Gran Caracas provienen de las acciones de estas bandas. 95% de los homicidios ocurren en las zonas populares, de allí que un paso necesario es desarmar a estas bandas que son las que están generando la mayor violencia.
En cuanto al desarme solo se ha planteado la eliminación del porte de armas a los civiles dejando solo a policías y militares. Un punto oscuro en la agenda es los armamentos que manejan los colectivos como La Piedrita, Tupamaros y otros que operan a nivel nacional y exponen sus armas públicamente, controlan zonas y actúan junto a las fuerzas oficiales. El ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres informó que entre 2012 y 2013 les robaron 5.563 pistolas a las policías y hoy están en manos de la delincuencia.
Colectivos armados
No se sabe exactamente el número de estas bandas ligadas al Gobierno que actúan en todo el país. Se habla de 1.500 o más. La Piedrita y Los Tupamaros son las que más han estado expuestas públicamente pero se sabe que en la mayoría de los barrios existen organizaciones de este tipo. Estas organizaciones poseen armas cortas y largas, chalecos antibalas y a sus territorios no puede entrar la policía. No se sabe qué relación existente entre estas bandas y las del hampa común. Informaciones de prensa reportan disputas por territorios, pero los colectivos tienen una función prioritaria de apoyo a la revolución, pero al mismo tiempo es una fuerza parapolicial a la que se les han atribuido asesinatos, secuestro y otros delitos. Ni el Gobierno ni los sectores de oposición han solicitado que este tema entre en la agenda de diálogo.
